Creo, lo he experimentado en mi propio cuerpo, en las
bondades de la auténtica y ancestral medicina natural, que perfectamente puede
y debe convivir con la que se puede llamar, para entendernos, la medicina
oficial. A riesgo de sufrir el martirio de la lapidación pública a manos de los
tribunales populares que, en ocasiones, se convierten las redes sociales,
incluso del temor a ser crucificado, me propongo romper una lanza a favor de la
medicina natural.
También deseo mostrar mi firme protesta contra el abuso de
poder, la parcialidad de la Justicia y el ataque directo contra los disidentes
del sistema establecido, al tiempo que manifestar mi apoyo solidario con la
asociación “La dulce revolución”, cuyas actividades están siendo perseguidas
con la misma voracidad con la que trabajaba la Inquisición.
La asociación “Dulce revolución” es una asociación presidida por Francesc
Rubio, integrada por más de 10.000 socios, que pone en práctica las recomendaciones
del Plan Estratégico de la Organización Mundial de la Salud (2014/2023)
sobre la incorporación de las medicinas tradicionales en el sistema sanitario
público.
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| La medicina natural está plenamente avalada por la OMS. |
Su objetivo primordial es concienciar a la sociedad para que
adopte una alimentación sana, equilibrada y ecológica, como primera medida de
prevención de enfermedades, y también para que se interese por las terapias
naturales de bajo coste que se encuentran en la sabiduría popular y ancestral.
La motivación que mueve al citado colectivo es el de
responder con hechos a la falta de ética de algunas multinacionales a las que
no interesa que los avances farmacéuticos erradiquen completamente ciertas
enfermedades y que sin embargo, en ocasiones, dirigen la investigación a
cronificar enfermedades en lugar de a curarlas.
En las últimas semanas, parece evidente que se ha tratado de
crear de forma artificial una alarma social en torno a la práctica de Terapias
Alternativas y Técnicas Médicas No Convencionales, en el contexto de la
publicación del Plan del Gobierno para la Protección de la Salud frente a las
Pseudoterapias.
En opinión de diferentes expertos el Plan presentado no es
nada más que un intento ilegítimo de desprestigiar actividades perfectamente
lícitas, eficaces y seguras. El Plan citado ignora los derechos de los
profesionales y de los pacientes, algo que no se espera de los ministros de un
Gobierno a los que se pide un mínimo de preparación y prudencia.
Parece claro que el Plan para la Protección de la Salud
frente a las Pseudoterapias se basa en prejuicios, sesgos políticos, además de
intereses económicos, y no en datos. Por
otra parte, el Plan carece de aval científico, técnico y jurídico. Tampoco tiene aval político y administrativo, porque en el mismo, ni han
participado los agentes sociales afectados, como universidades, profesionales y
pacientes, ni han participado otras administraciones públicas, por ejemplo las
comunidades autónomas, ni otros partidos políticos. Se trata de
una propuesta – una ocurrencia arbitrista- que tan solo se puede calificar de
propaganda.
Considero que la actitud poco seria de los integrantes del
Gobierno merma la confianza de ciudadanos y profesionales en las administraciones
públicas y en la seguridad jurídica con la que se deben manejar los asuntos
públicos, que exigen honradez, transparencia y neutralidad.
Desde el punto de vista jurídico y en estricto análisis de
técnica legislativa, las propuestas son por muchos motivos inaplicables. Es por
lo que se puede sospechar que este Plan se queda en un mero ejercicio de
propaganda que tan solo pretende acabar con un sector económico y con la
libertad de pacientes y consumidores de forma ilegítima. Hay razones de tipo
presupuestario, de jerarquía normativa y de procedimiento que hacen llegar a la
conclusión anterior.
El Plan que analizo también se contrapone a directivas europeas
y a la doctrina y jurisprudencia en materia de Mercado Interior, Salud y
Consumidores. De hecho, hay un expediente abierto contra España desde el 2017
por este tipo de restricciones e injerencias ilegítimas en el mercado.
Creo que los agentes implicados en la cuestión no van a
estar dispuestos a que estos mecanismos de difamación y desinformación sigan
destruyendo una actividad sanitaria eficaz, muy eficiente y honesta. Ya se han
presentado requerimientos, recursos y acciones jurisdiccionales contra los
responsables de esta actividad difamatoria.
Se ha requerido a la actual titular de la cartera de
Sanidad, María Luisa Carcedo, para que dé explicaciones y aporte los informes que
dice tener. También se ha solicitado la apertura de expedientes disciplinarios
a aquellos cargos de las organizaciones colegiales que se han excedido en sus
manifestaciones, se ha instado procedimiento ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia que continuará en el expediente abierto en la
Comisión Europea y se ha denunciado ante los Tribunales de Justicia a una de
las asociaciones que parecen constituir los únicos asesores expertos de los ministros
en el diseño del Plan.
Llegados a este punto solo me resta invitar a todos los
ciudadanos a realizar una seria reflexión sobre lo aquí expuesto y a
preguntarnos si no se está haciendo el juego a oscuros intereses y crucificando
a aquellos que se atreven a luchar por lo que saben que es veraz, justo y
saludable.
Otros artículos del autor sobre el tema: Otras formas de sanar
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